El presidente de la Asociación Nacional de Construcción Hispana, Peter Fontanes, realiza un análisis de las posibilidades que ofrece para los contratistas hispanos el paquete de rescate financiero
por Peter Fontanes*
Los optimistas predicen que la nueva ley federal de recuperación y reinversión en los Estados Unidos detendrá y revertirá la actual desaceleración económica del país, aunque los pesimistas comienzan a pensar si el enfoque del proyecto de ley en el gasto en infraestructura y energía está diseñado en realidad para el “Club de las Grandes Compañías”, y no para las empresas y trabajadores de la construcción de hispanoamericanos e inmigrantes.
El proyecto de ley se centra en una amplia gama de planes, que incluyen autopistas, puentes, transporte público, edificios federales, instalaciones públicas, proyectos de acueducto, sistemas ferroviarios, una red eléctrica inteligente, estructuras de investigación científica, acceso a Internet por banda ancha para áreas rurales, limpieza de lugares de desechos y escuelas.
De los US$900 mil millones, la cantidad de dinero destinada para construcción llega a unos US$160 mil millones. En combinación con las garantías de préstamos para la construcción estructuradas en el proyecto de ley, es sorprendentemente evidente que este proyecto dará un impulso importante para que las firmas constructoras en disputa limiten sus aspiraciones sobre los proyectos incluidos en la financiación bajo esta enorme iniciativa.
Muchos de los principales contratistas establecidos competirán para asegurar “cabezas de playa” programáticas en un proceso que se conoce por incluir sutiles, y no tan sutiles, favoritismos y tráficos de influencias. Considerando que la mayor parte del proceso de licitación se canaliza a través de los gobiernos locales y estatales, donde la mayoría están en el puño de las maquinarias políticas bien lubricadas por las contribuciones financieras de esas mismas compañías, no debería sorprender a quienes sabemos cómo funciona el engranaje y cómo se abren las puertas de los ayuntamientos. Esto por supuesto pone en gran desventaja a los contratistas inmigrantes e hispanoamericanos que recién comienzan. De hecho, algunos de los requerimientos para ser elegibles para un contrato con el fin de participar en la licitación y ser asignados a los proyectos son tan onerosos que eliminan de entrada a un gran porcentaje de estas firmas.
Ese es el problema en todo proceso, un problema que debe afrontar cara a cara la administración Obama. Como propietarios de empresas de construcción de hispanos e inmigrantes, debemos movilizar y organizar nuestras fuerzas en el ámbito local, estatal y nacional para garantizar que las oportunidades prometidas por esta colosal infusión de dineros no se susurren a nuestro lado como sucedió con anteriores programas federales similares, orientados a un crecimiento económico local sustancial. Debemos poner en claro que se acabó la época de los programas “pantalleros” en los que no estamos incluidos. Capitales de garantías poco realistas, acceso inadecuado al capital, onerosas pólizas, requerimientos con altos costos de mano de obra y plazos de pago fantasiosos son obstáculos que deben resolverse si queremos ver una participación real de las empresas latinas de la construcción en el programa de incentivos.
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| El paquete de incentivos y los contratistas hispanos |
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El presidente de la Asociación Nacional de Construcción Hispana, Peter Fontanes, realiza un análisis de las posibilidades que ofrece para los contratistas hispanos el paquete de rescate financiero por Peter Fontanes*
Los optimistas predicen que la nueva ley federal de recuperación y reinversión en los Estados Unidos detendrá y revertirá la actual desaceleración económica del país, aunque los pesimistas comienzan a pensar si el enfoque del proyecto de ley en el gasto en infraestructura y energía está diseñado en realidad para el “Club de las Grandes Compañías”, y no para las empresas y trabajadores de la construcción de hispanoamericanos e inmigrantes.
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El proyecto de ley se centra en una amplia gama de planes, que incluyen autopistas, puentes, transporte público, edificios federales, instalaciones públicas, proyectos de acueducto, sistemas ferroviarios, una red eléctrica inteligente, estructuras de investigación científica, acceso a Internet por banda ancha para áreas rurales, limpieza de lugares de desechos y escuelas.
De los US$900 mil millones, la cantidad de dinero destinada para construcción llega a unos US$160 mil millones. En combinación con las garantías de préstamos para la construcción estructuradas en el proyecto de ley, es sorprendentemente evidente que este proyecto dará un impulso importante para que las firmas constructoras en disputa limiten sus aspiraciones sobre los proyectos incluidos en la financiación bajo esta enorme iniciativa.
Muchos de los principales contratistas establecidos competirán para asegurar “cabezas de playa” programáticas en un proceso que se conoce por incluir sutiles, y no tan sutiles, favoritismos y tráficos de influencias. Considerando que la mayor parte del proceso de licitación se canaliza a través de los gobiernos locales y estatales, donde la mayoría están en el puño de las maquinarias políticas bien lubricadas por las contribuciones financieras de esas mismas compañías, no debería sorprender a quienes sabemos cómo funciona el engranaje y cómo se abren las puertas de los ayuntamientos. Esto por supuesto pone en gran desventaja a los contratistas inmigrantes e hispanoamericanos que recién comienzan. De hecho, algunos de los requerimientos para ser elegibles para un contrato con el fin de participar en la licitación y ser asignados a los proyectos son tan onerosos que eliminan de entrada a un gran porcentaje de estas firmas.
Ese es el problema en todo proceso, un problema que debe afrontar cara a cara la administración Obama. Como propietarios de empresas de construcción de hispanos e inmigrantes, debemos movilizar y organizar nuestras fuerzas en el ámbito local, estatal y nacional para garantizar que las oportunidades prometidas por esta colosal infusión de dineros no se susurren a nuestro lado como sucedió con anteriores programas federales similares, orientados a un crecimiento económico local sustancial. Debemos poner en claro que se acabó la época de los programas “pantalleros” en los que no estamos incluidos. Capitales de garantías poco realistas, acceso inadecuado al capital, onerosas pólizas, requerimientos con altos costos de mano de obra y plazos de pago fantasiosos son obstáculos que deben resolverse si queremos ver una participación real de las empresas latinas de la construcción en el programa de incentivos.
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