Análisis de la Ley Federal de Recuperación y Reinversión y su impacto para los contratistas hispanos
por Peter Fontanés
Los optimistas predicen que la nueva Ley Federal de Recuperación y Reinversión frenará e invertirá la actual desaceleración económica del país, pero los pesimistas entre nosotros en la comunidad latina vemos que el proyecto de ley se centra en la infraestructura y el gasto energético y que en realidad está diseñado para el “clan de los pesos pesados” y no para las empresas y trabajadores de la construcción hispanoamericanas e inmigrantes locales.
El proyecto de ley se centró alrededor de una amplia gama de proyectos que incluyen autopistas, puentes, transporte público, edificios federales, instalaciones públicas, proyectos de acueducto, sistemas ferroviarios, una red inteligente de transporte de energía eléctrica, estructuras de investigación científica, acceso a Internet por banda ancha para zonas rurales, limpieza de sitios de desechos peligrosos (Superfund) y escuelas.
La cantidad en dólares destinada de los US$787 mil millones para la construcción llega a aproximadamente US$144 mil millones. Combinados con las garantías de préstamos para la construcción estructuradas en el proyecto de ley, es muy claro que el proyecto de ley podría suponer un ímpetu importante para combatir las firmas de construcción para que estrechen sus miras en los proyectos destinados a financiación bajo este enorme esfuerzo.
Muchos de los contratistas establecidos importantes competirán para asegurar cabezas de puente programáticas en un proceso que se reconoce por incluir sutiles y no tan sutiles tráficos de influencias y favoritismos. Considerando que la mayor parte del proceso de licitación se está canalizando a través de los gobiernos locales y estatales donde la mayoría están en el puño de las maquinarias políticas bien aceitadas por las contribuciones financieras de estas mismas empresas, no debería sorprender para aquellos de nosotros que sabemos cómo funciona el mundo y conocemos cómo se les abren las puertas de los ayuntamientos a las empresas con mayor arraigo político.
Esto por supuesto pone en gran desventaja al nuevo contratista hispano e inmigrante. De hecho, algunos de los requerimientos de elegibilidad de los contratos que buscan calificar para la licitación y ganar los proyectos son tan onerosos que eliminan el amplio porcentaje de estas firmas justo desde la puerta de salida.
Ese es el truco en todo este proceso, un truco que se debe abordar directamente por la administración Obama. Como propietarios de empresas de construcción inmigrantes e hispanoamericanos, debemos movilizar y dirigir nuestras fuerzas en los planos local, estatal y nacional para garantizar que las oportunidades prometidas por esta colosal infusión de dineros no nos pasen por el lado como ha sucedido en el pasado con programas federales similares, diseñados para un sustancial crecimiento económico local.
Debemos dejar en claro que pasó la época de los programas de “sesiones fotográficas” en las que no tenemos lugar. Capitales escalera poco realistas, acceso inadecuado al capital, onerosos costos de seguros, requerimientos de altos costos de mano de obra y términos de requisición de pagos poco realistas son obstáculos que deben afrontarse si queremos ver una participación real de los negocios de construcción latinos en el programa de estímulos.
Lo primordial para nosotros se centra en el balance de pérdidas y ganancias y la nómina semanal. Los espaldarazos políticos y los comunicados de prensa con autoalabanzas ya no serán suficientes para nosotros.
Hispanoamericanos e inmigrantes debemos crear sistemas locales de monitoreo que identificarán y asignarán la inyección y distribución de los dineros del estímulo a nuestras comunidades. Esto es importante porque es el Estado y los municipios los que eventualmente otorgarán los contratos. La principal excepción a esto es la iniciativa de banda ancha que refleja la importancia que está concediendo esta administración para garantizar la implementación de una política nacional efectiva que estimule el rápido crecimiento tecnológico.
En la parte energética de este proyecto de ley, se han asignado cerca de US$20 mil millones a mejoras en los sistemas de los establecimientos educativos. Se destaca entre los diversos aspectos de la asignación para energía en el paquete de estímulos los recortes fiscales, créditos e incentivos por US$300 mil millones. Esto cobra una enorme importancia porque creará incontables oportunidades, especialmente para los contratistas locales de mejoras de viviendas, calefacción, ventilación y aire acondicionado, instaladores de techos y ventanas, entre otras actividades similares relacionadas con los sistemas ambientales, de acondicionamiento de construcciones contra las inclemencias del tiempo, climatización y sistemas sostenibles de energías renovables.
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| El paquete de estímulos y los contratistas hispanos |
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Análisis de la Ley Federal de Recuperación y Reinversión y su impacto para los contratistas hispanospor Peter Fontanés
Los optimistas predicen que la nueva Ley Federal de Recuperación y Reinversión frenará e invertirá la actual desaceleración económica del país, pero los pesimistas entre nosotros en la comunidad latina vemos que el proyecto de ley se centra en la infraestructura y el gasto energético y que en realidad está diseñado para el “clan de los pesos pesados” y no para las empresas y trabajadores de la construcción hispanoamericanas e inmigrantes locales.
El proyecto de ley se centró alrededor de una amplia gama de proyectos que incluyen autopistas, puentes, transporte público, edificios federales, instalaciones públicas, proyectos de acueducto, sistemas ferroviarios, una red inteligente de transporte de energía eléctrica, estructuras de investigación científica, acceso a Internet por banda ancha para zonas rurales, limpieza de sitios de desechos peligrosos (Superfund) y escuelas.
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Muchos de los contratistas establecidos importantes competirán para asegurar cabezas de puente programáticas en un proceso que se reconoce por incluir sutiles y no tan sutiles tráficos de influencias y favoritismos. Considerando que la mayor parte del proceso de licitación se está canalizando a través de los gobiernos locales y estatales donde la mayoría están en el puño de las maquinarias políticas bien aceitadas por las contribuciones financieras de estas mismas empresas, no debería sorprender para aquellos de nosotros que sabemos cómo funciona el mundo y conocemos cómo se les abren las puertas de los ayuntamientos a las empresas con mayor arraigo político.
Esto por supuesto pone en gran desventaja al nuevo contratista hispano e inmigrante. De hecho, algunos de los requerimientos de elegibilidad de los contratos que buscan calificar para la licitación y ganar los proyectos son tan onerosos que eliminan el amplio porcentaje de estas firmas justo desde la puerta de salida.
Ese es el truco en todo este proceso, un truco que se debe abordar directamente por la administración Obama. Como propietarios de empresas de construcción inmigrantes e hispanoamericanos, debemos movilizar y dirigir nuestras fuerzas en los planos local, estatal y nacional para garantizar que las oportunidades prometidas por esta colosal infusión de dineros no nos pasen por el lado como ha sucedido en el pasado con programas federales similares, diseñados para un sustancial crecimiento económico local.
Debemos dejar en claro que pasó la época de los programas de “sesiones fotográficas” en las que no tenemos lugar. Capitales escalera poco realistas, acceso inadecuado al capital, onerosos costos de seguros, requerimientos de altos costos de mano de obra y términos de requisición de pagos poco realistas son obstáculos que deben afrontarse si queremos ver una participación real de los negocios de construcción latinos en el programa de estímulos.
Lo primordial para nosotros se centra en el balance de pérdidas y ganancias y la nómina semanal. Los espaldarazos políticos y los comunicados de prensa con autoalabanzas ya no serán suficientes para nosotros.
Hispanoamericanos e inmigrantes debemos crear sistemas locales de monitoreo que identificarán y asignarán la inyección y distribución de los dineros del estímulo a nuestras comunidades. Esto es importante porque es el Estado y los municipios los que eventualmente otorgarán los contratos. La principal excepción a esto es la iniciativa de banda ancha que refleja la importancia que está concediendo esta administración para garantizar la implementación de una política nacional efectiva que estimule el rápido crecimiento tecnológico.
En la parte energética de este proyecto de ley, se han asignado cerca de US$20 mil millones a mejoras en los sistemas de los establecimientos educativos. Se destaca entre los diversos aspectos de la asignación para energía en el paquete de estímulos los recortes fiscales, créditos e incentivos por US$300 mil millones. Esto cobra una enorme importancia porque creará incontables oportunidades, especialmente para los contratistas locales de mejoras de viviendas, calefacción, ventilación y aire acondicionado, instaladores de techos y ventanas, entre otras actividades similares relacionadas con los sistemas ambientales, de acondicionamiento de construcciones contra las inclemencias del tiempo, climatización y sistemas sostenibles de energías renovables.
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